Bajar la edad de imputabilidad es una solución miope, insuficiente y superficial. Griselda Baldata.
El homicidio ocurrido en la localidad de Tolosa (provincia de Buenos Aires), que tiene a dos menores –uno de 13 y otro de 15 años– como los principales sospechosos, reavivó el debate.
Cada vez que un episodio de esa naturaleza conmueve a la sociedad, las diferentes opiniones regresan a escena y la controversia se centra casi exclusivamente en la baja de la edad de imputabilidad.
¿Cuál es el justo límite de la punibilidad de los menores? La respuesta no es unívoca, ya que la problemática es compleja. Esto hace que ni los especialistas que coinciden ideológicamente, ni los constitucionalistas más prestigiosos, ni distintos legisladores dentro de un mismo partido, tengan una idéntica postura.
Restarles importancia a las muertes producidas por adolescentes, cualesquiera sean sus circunstancias, no es la solución. Pero creer que todo se resuelve bajando la edad de imputabilidad es tan engañoso como irresponsable. Para analizar la problemática hay que ser conscientes de la complejidad que hace a la cuestión. No se puede afirmar que cualquier menor de 14 años entiende por sí la criminalidad de un hecho. En mi opinión, esto es un grave error que no aporta claridad al tema.
Un nuevo régimen. La mayoría de los legisladores coincidimos en la necesidad de que exista un Régimen Penal Juvenil, diferente al de los adultos. Son muchas las diferencias entre ambos, no sólo en el aspecto físico, sino también en el psicológico. No es lo mismo la reinserción de un niño o adolescente que la de un adulto. Tanto la media sanción que tiene el proyecto del Senado, como las diferentes iniciativas presentadas por diputados nacionales con trámite parlamentario, hacen referencia a “lo especial del sistema”.
En lo personal, considero necesario quitar la palabra penal. La denominación razonable a mi criterio es Régimen de Responsabilidad Juvenil.
Sabemos que en muchos de los hechos delictivos cometidos por menores hay detrás no sólo una historia de vida dolorosa y perversa, que pocos podemos siquiera imaginar. Siempre hay un adulto que es el responsable ideológico del mismo. Que las organizaciones del delito complejo reclutan menores con impunidad garantizada para delinquir no es ninguna novedad, como tampoco lo es que les entregan armas y drogas a los jóvenes, iniciándolos en el camino del conflicto con la ley penal. Esto los condena a un destino desgraciado e infernal del cual pocos tienen retorno.
Los ideólogos. Pero también sabemos que a través de este proceso judicial especial se puede llegar a conocer, en el período de instrucción e indagatoria, a los verdaderos ideólogos del delito.
Este proceso es también fundamental para que el menor entienda que ha sido responsable de un hecho y que debe repararlo y ser sancionado.
Dicho en estos términos suena razonable, pero para que este régimen funcione como tal, tiene que cumplirse una serie de requisitos que debe garantizar el Estado. Un instrumento jurídico, que es la ley; una decidida política de gestión destinada a realizar un profundo cambio; una fuerte inversión presupuestaria en la estructura procesal y edilicia, con funcionarios especializados e idóneos; y establecimientos con características pedagógicas y no carcelarias, en los cuales pueda alojarse un menor privado de su libertad, que además deberá ser excepcional y como último recurso, cuando el caso haya sido gravísimo. Este período nunca debería superar los tres años.
Educación del menor. Cuando hablo de establecimientos orientados a la educación del menor, lo hago amparándome en el mandato constitucional que establece el sentido de la privación de la libertad no como castigo, sino como la adecuada preparación para la vida en libertad.
Eso sería en términos generales el Régimen de Responsabilidad Juvenil que hoy tiene en debate el Parlamento. No estamos discutiendo bajar la edad de imputabilidad, eso ya ocurrió con las llamadas “leyes Blumberg” y el resultado fue negativo.
Es fundamental reconocer la legítima demanda de la sociedad, castigada por la inseguridad. Se está reclamando que la dirigencia política actúe rápido para encontrar las soluciones adecuadas. Los problemas complejos no se solucionan fácilmente.
Bajar la edad de imputabilidad es una solución miope, insuficiente y superficial. “Entran por una puerta y salen por la otra” es la frase que se repite hasta el cansancio, sin el más mínimo análisis de la legislación, del régimen judicial vigente, de la colapsada realidad carcelaria y de la sociedad, con un doloroso y grosero índice de pobreza con destino de exclusión y marginalidad.
Los niños deben jugar y estudiar, divertirse y formarse. ¿Qué hace una criatura empuñando un arma, con su cerebro quemado por el paco, cometiendo un delito? ¿Qué hace prostituyéndose, víctima crónica del abuso y del maltrato? ¿Cómo puede entender la criminalidad del acto un menor de 14 años cuando su vida transcurrió en la calle, con carencia de afectos, sin escuela y sin destino?
Si para un pibe su propia vida tiene poco valor, ¿cómo va a tenerlo la de los demás? Esta realidad debe incluirse en el complejo debate que todos debemos dar.
* Presidenta de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados de la Nación.
