Por una parte, abundan en elogios hacia la figura de Eduardo Kimel (ver acá), critican los llamados delitos de opinión e incluso impulsan la sanción de una ley en donde se establece la falta de tipo penal (es decir, calumnias e injurias) cuando se trate de asuntos de interés público.
Hasta ahí, estamos de acuerdo. De hecho, el oficialismo toma una serie de trabajos y luchas que comenzaron mucho antes que NK o CFK llegaran a la presidencia.
Por otro parte, buena parte del gabinete presidencial esta empecinado en encarcelar a figuras del arco político opositor pues sus opiniones sobre temas de interés público les producen mucho malestar.
Tenemos el ejemplo del Ministro De Vido quien querelló en 2004 a Elisa Carrio por sus declaraciones sobre el desmedido incremento de sus patrimonios o la corrupción en materia de obra pública; en 2007, el empresario Héctor Antoni trabajo una nueva intentona para poner a Carrio tras las rejas; ahora, Aníbal Fernández querella a Carrio y al diputado y candidato a la gobernación bonaerense Juan Carlos Moran por referirse al actual Jefe de Gabinete como el “garante político del narcotráfico” (ver acá).
Si tenemos en cuenta, el caso de las valijas de cocaína de Southern Winds ocurrido en 2004, pasando por la mafia de los medicamentos, hasta el reciente escándalo de los casi 1000 kilos de cocaína cargados en un avión que partió desde Argentina hasta España, debemos como mínimo preguntarnos quienes son los responsables políticos del narcotráfico y el crimen organizado en Argentina. Si acto seguido, nos preguntamos quienes son los funcionarios políticos que han gobernado este país en los últimos 8 años, la asociación de responsabilidad es evidente.
Por ser efectivamente los responsables políticos de la droga y el crimen organizado en Argentina, es que intentan callar, silenciar o amenazar con juicios a aquellas personas que investigan estos hechos y se encargan de denunciarlos públicamente.
Anibal Fernández fue funcionario en cargos de máxima jerarquía desde el gobierno de Duhalde y Nestor Kirchner (como Ministro del Interior) y Cristina Kirchner (Como Ministro de Justicia, Seguridad y DDHH, y ahora Jefe de Gabinete). Es, sin lugar a dudas, uno de los principales responsables políticos por la desmedida proliferación de la droga y el crimen organizado en nuestro país en la última década.
El que debería ir a juicio es él y no las personas que denuncia con el propósito de intimidad y silenciar su derecho a la crítica del poder.
Gracias a la trabajo de Elisa Carrio y el bloque de diputados de la Coalición Cívica - ARI es que podemos observar claramente como el crimen, la corrupción y la impunidad atraviesan las esferas de la administración Kirchner, durante la última década. Temas de los que muy pocos referentes políticos "progresistas" hablaron o hablan por temor a perder algunas voluntades en ocasión de una elección.
Caso Julia: los hechos.
"El Challenger 604 que, el 2 de enero aterrizó en el aeropuerto de El Prat, Barcelona, con 944 kilogramos de cocaína de máxima pureza estuvo en la Base de Morón entre el 5 de noviembre y el 30 de diciembre pasado, donde se presume que fue cargado. La droga fue descubierta por la Guardia Civil Española debajo del tapizado. A pesar del secreto de sumario que guarda la investigación en España, trascendió que además de los tres tripulantes de la nave (los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá y Matías Miret), habría colaborado en el cargamento el ingeniero Alejandro Boffa, quien pocos recuerdan, en los ’90 se desempeñaba cerca del entonces asesor (y cuñado) presidencial Emir Yoma y de Carlitos Menem Junior. Miret y Boffa alegaron su inocencia. El avión había llegado a Morón proveniente de San Fernando y habría realizado un vuelo de prueba el 18 de diciembre. En juez en lo penal Económico, Rafael Caputo, citó a unos 200 empleados de la Base".
