En la mañana de hoy jueves, el partido Coalición Cívica ARI brindó una
conferencia de prensa en su local de calle 9 de Julio 2285 de la ciudad de
Santa fe, refiriéndose a la situación de la seguridad ciudadana en la
provincia de Santa Fe. Al respecto, la fuerza llamó a construir un acuerdo
político y social por la seguridad democrática y la lucha contra el
narcotráfico en la provincia de Santa Fe.
Estuvieron presentes Ariel Bermudez, Diputado provincial y Presidente
de la Coalición Cívica ARI en la Provincia Santa Fe; Noelia
Chiementin, Concejala de la ciudad de Santa Fe y Vicepresidente de la
Coalición Cívica ARI Provincial; Susana García Diputada Provincial y Jefa
del bloque de la Coalición Cívica ARI y Franco Ponce de León,
presidente de la Coalición Cívica ARI en el departamento La
Capital.
Bermudez afirmó que “… la CC-ARI cree, ante todo, en el sistema democrático
vigente, en la posibilidad de opinar diferente y que el disenso sea un bien
social y no solo factor de conflicto, pero también sabemos que hay momentos en
los que es absolutamente imperioso establecer consensos y políticas de
delineamiento conjunto”. En tal sentido, continuó: “consideramos
imprescindible constituir una mesa de trabajo capaz de impulsar medidas,
leyes y políticas, atinentes a las áreas de reforma judicial, policial,
políticas sociales y anticorrupción”.
Seguidamente, Noelia Chiementin informó que el documento fue enviado al
gobernador Antonio Bonfatti, al presidente de la Cámara de Diputados Luis
Rubeo, a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Maria A. Gastaldi, a
los presidentes de los partidos políticos oficialistas y opositores de la
provincia, a las Universidades locales y a múltiples organizaciones sociales
que conforman el Consejo de Seguridad tanto a nivel provincial como en cada una
de las 5 regiones provinciales con cabecera en los municipios de Reconquista,
Rafaela, Santa Fe, Rosario y Venado Tuerto.
Por su parte, Ponce de León destaco que “La gravedad del problema no puede
eludir ni valoraciones, ni críticas, ni autocríticas pero también nos obliga a
actuar y a entender que si no construimos redes y políticas que permitan
acciones efectivas, ponemos en riesgo todo el sistema democrático”.
Finalmente, destacaron que en los próximas días, los principales dirigentes
de la CC-ARI mantendrán un encuentro con el Ministro de Seguridad Raúl Lamberto
con el propósito de acercar el documento completo y ponerse a
disposición para conformar una mesa de dialogo.
Contrato por la Seguridad Democrática
El documento presentado consta de un breve diagnóstico sobre el momento
político y social en torno a la problemática de la seguridad urbana en la
provincia de Santa Fe y se divide en 4 ejes de políticas públicas consideradas
como prioritarias: Reforma Judicial; Reforma Policial; Anticorrupción; y
Políticas Sociales.
Reforma judicial
·Ampliación del número
de delitos con juicio oral obligatorio para dar continuidad a la implementación
progresiva del sistema.
·Incorporación del
juicio por jurados para el enjuiciamiento de delitos ligados al enriquecimiento
ilícito y/o conexos con el narcotráfico, en cuanto sea posible para la
jurisdicción provincial.
·Aceleración del
trámite para la designación de magistrados judiciales, fiscales y demás
funcionarios públicos necesarios para la implementación del nuevo sistema y el
refuerzo de los mecanismos de participación y publicidad de estos procesos de
selección.
Reforma policial
·Reorganización
interna que contribuya a obtener transparencia operativa, especialización y
eficiencia, y a la profesionalización de sus miembros. Un Consejo Provincial de
Seguridad Ciudadana. Un nuevo sistema de controles con triple componente:
control político provincial; control local, ejercido por los intendentes y
presidentes comunales; control interno ejercido por el área pertinente en
articulación con una Comisión con participación ciudadana.
·Incremento de los
controles sobre las rutas provinciales y gestión del refuerzo de los mismos por
parte de las fuerzas nacionales, PSA y Gendarmería.
Anticorrupción
·Reglamentación y
plena vigencia de la ley de Ética Pública, con funcionamiento de la Comisión
Provincial de Ética Pública.
·Reglamentación
de la ley provincial de financiamiento de campañas electorales.
·Seguidamente, al
referirse a la necesidad imperiosa de afrontar el tema, los referentes
partidarios señalaron: “hay que registrar la valentía y claridad de periodistas
que, a través de distintas columnas escritas vienen alertando sobre la
problemática con un alto grado de precisión”.
·Por último,
manifestaron: “nuestro partido integrante del Frente Progresista ratifica su
compromiso en la construcción de políticas públicas y entiende que el
momento exige debate, pero también madurez y grandeza”.
Políticas sociales
·Desarrollo de un
sistema público de asistencia universal y gratuita para el tratamiento de la
problemática de las adicciones en toda la provincia.
·Políticas de urbanismo y presencia efectiva de
todos los servicios del Estado (Salud, Educación, Cultura, Infraestructura
vial, etc.) en los sectores más complicados por la acción del
narcotráfico.
Foto: De izquierda a Derecha: Valeria Lopez Delzar, Noelia Chiementin,
Susana Garcia, Ariel Bermúdez, Franco Ponce de León.
